Si bien desde este espacio somos grandes promotores de las criptomonedas y las posibilidades que traen, es importante destacar que también pueden ser herramientas para ser utilizadas para cometer delitos (como voceros formales e informales de los sectores más tradicionales de las finanzas dicen habitualmente). En un esfuerzo por ser ecuánimes, también nos tomamos esta oportunidad para escribir al respecto.
Una de las mayores críticas que se le hace a las criptomonedas es la facilidad que representan para operaciones ágiles sin necesidad de identificar a las personas detrás de las mismas. Si bien con el dinero en efectivo tampoco hace falta identificarse para entregarlo o recibirlo, es razonable asumir que la facilidad para cometer un delito al enviar millones de dólares con un clic es mucho mayor que si hay que trasladarse con los billetes en efectivo.
Tal es el caso del lavado de dinero, uno de los delitos más graves que se persiguen desde los entes regulatorios junto con el financiamiento del terrorismo. Tal como cubrió InfoTechnology, fue condenado por este delito un operador de criptomonedas que habría lavado casi 500 mil dólares para narcotraficantes.
La condena fue de 5 años de prisión (efectiva) y multado por un valor ocho veces superior al monto acreditado como lavado (lo que daría unos 4 millones de dólares). La condena también corresponde a ser cómplice del almacenamiento de 2 toneladas de cocaína y fue condenado con otras 6 personas. El condenado operaba operaciones peer to peer (P2P, o “privadas”) y bajo la modalidad face to face (“F2F”, en forma presencial y a través de billeteras frías).
Como conclusión, el condenado cometía delitos de distinta tipología y encontró en las criptomonedas una herramienta más para su carrera delictiva. No resulta justo “echarle la culpa” a las criptomonedas de las actividades de un criminal pero sí es importante destacar que los entes reguladores y los estados tienen una difícil tarea por delante para regular estos mercados de manera que se pueda transaccionar en forma segura y lícita en todos sus términos; ello, sin vulnerar innecesariamente el derecho a la privacidad de todos los usuarios y empresas del ecosistema cripto.
Diego J. Nunes
Abogado
Estudio Nunes & Asoc.