El gobierno argentino, a través de la intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), la que se encuentra bajo intervención, ha implementado cambios significativos en la regulación del cáñamo industrial. El interventor, Ignacio Ferrari, derogó las normas vigentes establecidas por la Resolución N°2/2023 y aprobó un nuevo procedimiento para la solicitud y otorgamiento de licencias para actividades vinculadas al cáñamo no psicoactivo, contemplando distintos tipos de autorizaciones para actividades agrícolas e industriales.
Nuevos aranceles y categorías para la producción de cáñamo
La Resolución 1/2024 establece que los productores deberán adecuar sus proyectos a las nuevas disposiciones, lo que implica la reestructuración de muchas solicitudes presentadas bajo la normativa anterior. Los nuevos aranceles oscilan entre 500 mil y 2 millones de pesos para proyectos agrícolas de más de 100 hectáreas (gratuitos para los que se mantengan por debajo de este límite) y de 1 millón de pesos para actividades industriales relacionadas al cultivo.
Reorganización en la ARICCAME: Un enfoque más “eficiente”
Ignacio Ferrari, un oftalmólogo y miembro de organizaciones vinculadas al uso del aceite de cannabis medicinal, justificó las modificaciones estructurales argumentando que la operatividad de la agencia debía ser más eficiente. El nuevo esquema considera las distintas etapas de la cadena productiva y usos de cannabinoides, desde la producción agrícola hasta la industrialización de sus derivados, diferenciando las licencias según la actividad a desarrollarse.
Nuevos requisitos y plazos para la obtención de licencias
Según el nuevo reglamento, los interesados en cultivar o industrializar el cáñamo deberán presentar proyectos georreferenciados, los cuales la ARICCAME se compromete a revisar en un plazo máximo de 60 días. Las licencias, una vez otorgadas, tendrán una vigencia de cinco años, con la condición de mantener el cumplimiento de las normativas vigentes.
Asimismo, se estableció la obligatoriedad de presentar dos declaraciones juradas anuales de stock de material vegetal, independientemente de si hay o no movimientos de stock, y el plan de la nueva campaña de cultivo deberá ser entregado en octubre de cada año.
Un marco regulatorio para potenciar la producción nacional
El marco regulatorio del cáñamo industrial, que se originó con la Ley 27.669, se consolidó como una oportunidad para fomentar el desarrollo económico del sector agrícola e industrial. Según la resolución, Argentina tiene claras ventajas competitivas para la producción de cáñamo debido a sus condiciones climáticas y tecnológicas favorables. El gobierno, lejos de desregular la actividad, parece querer fortalecer la estructura de la ARICCAME y optimizar su funcionamiento para posicionar al país como un jugador clave en el mercado del cáñamo industrial no psicoactivo.
