La Inspección General de Justicia (IGJ) ha aprobado una resolución trascendental que moderniza y simplifica el marco regulatorio para las personas jurídicas privadas, sociedades, asociaciones civiles y otras entidades en Argentina. La Resolución 15/2024, que reemplazará a la Resolución General I.G.J. N° 7/2015, entrará en vigencia el próximo 1 de noviembre de 2024 y busca fomentar la inversión extranjera, facilitar la creación y gestión de organizaciones, y adaptar el sistema jurídico a las nuevas tecnologías y necesidades económicas del país.
La Resolución General I.G.J. N° 7/2015, que había establecido el marco normativo anterior, fue objeto de numerosas críticas y acciones legales por imponer requisitos y procedimientos que, en varios casos, fueron declarados inconstitucionales o nulos por los tribunales de justicia. Estas medidas anteriores fueron vistas como un inadecuado avance del Estado sobre la libertad y autonomía de las personas jurídicas privadas, generando un ambiente regulatorio restrictivo y burocrático.
Principales Cambios y Simplificaciones
La resolución abarca una amplia gama de modificaciones legislativas, incluyendo actualizaciones a las Leyes Nº 22.315, Nº 22.316, el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994) y la Ley Nº 19.550 (Texto Ordenado 1984) con sus respectivas modificatorias. Entre las principales innovaciones, destacan:
Eliminación de Requisitos Obsoletos: Se suprime la necesidad de presentar un certificado de inhibiciones para inscribir transferencias de establecimientos comerciales, reduciendo la burocracia y agilizando los trámites.
Registro Voluntario de Contabilidad: Se habilita la posibilidad para que personas que no desarrollan actividades económicas organizadas puedan llevar contabilidad mediante un registro voluntario, promoviendo mayor flexibilidad en la gestión de entidades no comerciales.
Integración de Activos Virtuales y Criptomonedas: La normativa incorpora la posibilidad de integrar criptomonedas y otros activos virtuales en los aportes de capital social, reflejando la adaptación a tecnologías financieras emergentes como el blockchain.
Simplificación de Trámites para Entidades Civiles: Se facilita la fusión, escisión, transformación y cancelación de entidades civiles, permitiendo procedimientos más ágiles y menos burocráticos para organizaciones que no presentan actividad prolongada.
Admisión de Sociedades Unipersonales: Se elimina el control de pluralidad sustancial para sociedades unipersonales y se suprime el título “Sociedades Anónimas Unipersonales” de la normativa anterior, alineándose con la admisión de este tipo de sociedades en el régimen legal societario.
Fomento de la Inversión Extranjera
La resolución adopta un enfoque favorable para la inversión extranjera, eliminando la exigencia de acreditar activos en el extranjero para inscribir sucursales o representaciones en Argentina. Sin embargo, se mantienen estrictos requisitos para sociedades originadas en jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal y de prevención de lavado de activos, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia.
Modernización de Registros y Documentación
La nueva normativa promueve el uso de tecnologías modernas para la gestión de registros y documentación, permitiendo la sustitución de libros por archivos digitales identificados con hash, lo que mejora la conservación y accesibilidad de la información contable. Además, se simplifican los requisitos de información para la memoria ampliada y se eliminan procedimientos inoperantes como la impresión de títulos accionarios en la Casa de la Moneda.
Cumplimiento y Control
A pesar de la desregulación y simplificación, la resolución mantiene un firme compromiso con las normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, actualizando el Manual de Políticas y Procedimientos conforme a la Ley Nº 27.739 y las directrices de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Transición y Aplicación
Las nuevas normas reemplazarán a las resoluciones anteriores, excepto aquellas específicamente excluidas, y se aplicarán tanto a trámites iniciados como a nuevos procedimientos a partir de la fecha de vigencia. Los interesados podrán optar por aplicar las disposiciones más favorables en sus trámites de inscripción, garantizando una transición ordenada y beneficiosa para todas las partes involucradas.
El Inspector General de Justicia, en su resolución, enfatizó la importancia de estas reformas para promover y facilitar la inversión extranjera, fomentar la creación de nuevas empresas, y generar empleo formal y de calidad, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y la desigualdad en Argentina.
Esta normativa entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2024, sustituyendo la Resolución General I.G.J. N° 7/2015 y las resoluciones generales dictadas posteriormente en el marco de su competencia legal. Las nuevas disposiciones se aplicarán tanto a los trámites iniciados a partir de esa fecha como a aquellos en curso.
Para obtener detalles adicionales sobre la nueva normativa y su implementación, se recomienda consultar los Anexos “A” y “B” de la Resolución IGJ.
• Anexo A
• Anexo B
