Uno de los objetivos centrales del proyecto de Modernización Laboral 2026 es reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad en el cálculo de contingencias laborales. En este punto, la reforma introduce modificaciones relevantes que impactan directamente en la gestión de riesgos de las empresas.
En primer lugar, se redefine la base de cálculo de las indemnizaciones. Se limitan los conceptos que integran la remuneración a estos efectos, excluyendo bonos o premios que no se devenguen de manera mensual y habitual, así como otros rubros que la norma aclara expresamente que no forman parte del salario. Esto busca acotar interpretaciones expansivas que en la práctica incrementaban significativamente los montos indemnizatorios.
También se incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado mediante un aporte patronal que variará según la dimensión de la empresa. Este fondo, individual de cada empresa, tendrá como finalidad atender contingencias derivadas de desvinculaciones, incluso aquellas instrumentadas por acuerdo. Para empresas con mayor rotación o exposición a conflictos, esta herramienta puede representar un mecanismo adicional de previsión financiera.
En materia de actualización de créditos laborales, se establece un esquema vinculado al IPC más un adicional fijo, otorgando mayor certeza respecto del crecimiento de eventuales pasivos judiciales. La previsibilidad en este punto resulta especialmente relevante en contextos inflacionarios.
La reforma también introduce precisiones en materia de tercerización y responsabilidad solidaria. Cuando se trate de prestación de servicios en establecimiento de terceros, la responsabilidad se circunscribe al tiempo efectivo de prestación. Asimismo, en casos de subcontratación debidamente controlada, se limita la extensión automática de responsabilidad, reforzando la importancia de la auditoría de proveedores.
Finalmente, se incorporan herramientas procesales como la caducidad de instancia laboral y se establecen reglas vinculadas a costas en reclamos manifiestamente desproporcionados, buscando desalentar litigiosidad excesiva.
En conjunto, estos cambios no eliminan el conflicto laboral, pero sí procuran establecer parámetros más claros para su cuantificación y tratamiento. Para las empresas, el paso estratégico será revisar esquemas de cálculo de contingencias, políticas de tercerización y criterios de provisión contable.