“Misil a LUNA”. ¿Se puede hablar de defraudación?

Por 26 mayo, 2022 No Comments

Habiendo pasado por una breve descripción de los objetivos y la realidad de Terra antes de mayo de 2022 y analizado los motivos del colapso, estamos en condiciones de hacer una revisión técnico-jurídica y una apreciación sobre la responsabilidad que puede caberle a los involucrados en la debacle. Veremos en esta entrega si hay responsabilidad de los desarrolladores, culpa concurrente de las víctimas y ver si existió algún delito por parte de quienes perpetraron el ataque (y probablemente tuvieron ganancias exorbitantes.

 

¿Es un delito el ataque?

Spoiler alert: No lo es, por lo menos no para la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. En un mercado regulado como puede ser una bolsa de valores, existen reglas y agencias gubernamentales que las aplican, evitando que algo así pase; incluso entran en juego ciertas figuras penales para evitar colapsos económicos.

En crypto, en donde uno de los valores de los que el ecosistema se enorgullece es la falta de intervención estatal, esto no existe. Es un punto fundamental que cada inversor tiene que tener en cuenta al momento de ingresar a este mercado: no está controlado y todavía está poco regulado.

Ahora bien, eso no quiere decir que lo que se hizo sea totalmente lícito. Vulnerar la seguridad de una entidad privada (en este caso Luna Foundation Guard o “LFG”) es un hecho ilegítimo que puede causar daños (y vaya si lo hizo) no solo a la atacada sino a la totalidad de las personas que confiaron en sus proyectos. En este sentido, no es distinto que un caso de espionaje corporativo o filtración de datos de una red social (independientemente de causar un daño comparable a la crisis de 2008 en lugar de compartir fotos que alguien no quería que otro viese).

 

¿Tengo forma de saber quién fue el culpable?

En este caso particular tenemos la dificultad adicional que no necesariamente podemos juzgar a través de un ordenamiento jurídico específico a quienes perpetraron el ataque ni podemos asignarle necesariamente un carácter malicioso al accionar de todos los beneficiados. Varias personas podrían haber analizado el mercado, visto esta caída y considerar que LUNA y UST iban a perder valor, por ende, apostado a que el precio iba a caer. Hay capturas de pantalla de “shorts” (operaciones “invirtiendo a la baja”) cerrados con ganancias de más de 100x (si “aposté un dólar a que bajaba, gané 100”).

Al momento de la redacción de este artículo, no se puede identificar a ninguna persona aún; solo se tienen los datos de la blockchain que registran transacciones que causaron la reacción en cadena. Para poder imputar cualquier actividad ilícita a una persona o entidad, sería necesario detectar quién estaba en control de esas billeteras y probar, más allá de una duda razonable, que lo haya hecho con la intención de dañar (o buscando enriquecerse sin importarle generar daños a terceros). Algunas especulaciones apuntan a que los responsables serían entidades y grupos financieros tradicionales que no tenían inversiones en criptoactivos y buscaban dañar la credibilidad y cotización de todo el sistema. Nuevamente, sin prueba de la intención de dañar, no sería punible en ningún ordenamiento jurídico.

Incluso si se confirma que quienes hicieron las primeras ventas por debajo del peg de UST (sin justificación del mercado más allá de una manipulación malintencionada) abrieron un “corto” en BTC (apostar a que baja), sabiendo que la LFG iba a estar forzada a generar ese movimiento para mantener el peg, por más repudiable que sea, tampoco sería punible. Algunos incluso dicen que se usaron las ganancias de esos shorts para seguir atacando al ecosistema de Terra. En la mayoría de los mercados regulados esto sería punible pero incluso si se corroborase esta manipulación, al estar en un mercado no regulado, el ataque quedaría probablemente sin sanciones de una agencia gubernamental (como puede ser la CNV en Argentina o la SEC en EEUU).

Para clarificar este punto, no es ilegal ganar mucho dinero apostando en contra de un activo, solo lo es generar daños para que ello ocurra; otro tema es si se logra enjuiciar al responsable. En este caso, pasaron ambas, no necesariamente por las mismas personas.

 

Si lo encuentro, ¿en dónde lo juzgo? ¿bajo qué ley?

El último punto, no menor, es una cuestión de Derecho Internacional Privado: ¿qué ley aplico? La jurisdicción aplicable a los distintos casos es un tema lo suficientemente complejo como para escribir un tomo de cualquier libro sobre la materia, pero nos limitaremos en este caso a expresar que, para que este ataque sea “enjuiciable” en cualquier Juzgado, Corte y / o Estado es necesario “vincularlo” a un territorio en forma indudable.

Al no tener todavía la información completa es difícil dar una conclusión definitiva, pero podemos adelantar que en la mayoría de los casos no serían menos de 3 o 4 jurisdicciones las elegibles para llevar adelante el reclamo de los damnificados. El primer paso sería que, a nivel global, hubiese un consenso respecto a quién es un juez competente para entender en el tema. En el ecosistema crypto, en donde la independencia de Estados y poderes tradicionales es visto como un objetivo y como algo a lo que aspirar, veo como muy poco probable que siquiera decidir quién debe juzgar el daño sea algo en lo que se pueda conseguir una pronta resolución.

 

¿Hay responsabilidad o incluso dolo de los desarrolladores?

No encontramos en el desarrollo del caso motivos para considerar que de parte de ninguno de los intervinientes en el caso hubiese dolo o un delito penal. En base a la información actual, el delito se habría cometido si se prueba la intención de los atacantes de dañar a todo el ecosistema para obtener ganancias obscenas mediante alteración del mercado. En tal caso, podría existir complicidad de las personas dentro de LFG que sabían sobre el momento de la venta que se iba a realizar en Curve. Las personas públicas relacionadas a Terra no parecen haber incurrido en ninguna acción que implicase intención de cometer un ilícito.

Incluso en caso que ello se corroborase (retomando el título anterior) un mercado internacional, que opera 24/7, sin regulación ni legislación aplicable en forma clara hace casi imposible poder llegar a una condena, por más que se conozca el involucramiento e identidad de los atacantes. Reiteramos que para el caso de los desarrolladores también nos dificultaría llegar a la prueba de su involucramiento tanto la privacidad de datos que garantiza el ecosistema crypto como la jurisdicción aplicable.

Sin perjuicio de la parte técnica jurídica sobre la imputabilidad, no encontramos en la revisión del caso ninguna actitud maliciosa de parte de desarrolladores, la Fundación ni sus responsables. Pareciera tratarse más un caso de un proyecto con errores de diseño y mal ejecutado (negligencia, responsabilidad civil) que no pudo soportar un ataque del mercado. Ello únicamente sería punible si quienes invirtieron no estaban al tanto de los riesgos (que fueron debidamente explicados).

Es importante destacar, pese a que muchos consideran que todo o parte del ecosistema Terra es un esquema Ponzi, que en todo momento sus desarrolladores fueron completamente transparentes respecto al sistema de respaldos y por qué ellos consideraban que era un proyecto estable. Incluso mostraron constantemente la composición de sus carteras y activos de respaldo (lo que en definitiva fue información útil para quienes perpetraron el ataque). No se les puede achacar un delito en el orden de la estafa o las simulaciones, ya que nunca ocultaron nada de su comunidad y las decisiones que se tomaron, se lograron en base a mecanismos de consenso preaprobados dentro del protocolo (al que cada persona que compraba LUNA adhería por el solo hecho de tener el token).

 

¿Los inversores deberían haberse informado mejor?

Definitivamente, al menos en su mayoría. Cada uno tiene que informarse adecuadamente de los riesgos que asume al invertir en cualquier proyecto crypto y el respaldo que tienen. Más allá de ser algo completamente imprevisible que algo así ocurriese y que casi todo el ecosistema crypto reportó pérdidas por el incidente, creo que la gran mayoría de las personas que estaban expuestos a LUNA y / o UST no estaban interiorizados de las políticas de emisión, cómo se garantizaba la estabilidad ni el mecanismo de generación de tokens, su quemado y / o a qué se debían los beneficios que se ofrecían a través de protocolos como Anchor.

Para quienes realmente conocían en detalle los riesgos de una moneda estable algorítmica atada a un token, este era un escenario posible (aunque improbable). En definitiva, confiaban en que el libre mercado, el régimen de beneficios y el respaldo en BTC iba a ser suficiente para generar un ecosistema de derivados sintéticos de monedas tradicionales que permitiese nuevas reglas de juego y un esquema de finanzas completamente distinto, descentralizado y sin control estatal.

 

¿Qué se espera que hagan los reguladores?

Si bien la preocupación por la regulación de los criptoactivos ya es una realidad y ocupa varias de las principales agendas políticas desde 2020, se espera que este fiasco acelere muchos de los procesos legislativos y de consensos. Así como el Presidente de EEUU ya dio la Orden Ejecutiva para regularlos y en Europa está (bajo 7 llaves) la Ley MICA que se aplicará a toda la Unión Europea, poniendo especial foco y restricción a las monedas estables (lo que cubriremos en otro artículo), el G7 también está en movimiento.

Como cubre iProUp, los ojos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido también se posaron en este tema en su última Asamblea. Sumado a esta debacle, puede ser un medio eficiente para evadir bloqueos de códigos SWIFT. Para lo que queda de 2022 se esperan fuertes regulaciones internacionales que restrinjan y regulen sobre todo el uso de monedas estables, poniéndolas a la par de otras divisas y / o activos financieros.

Diego J. Nunes

Socio

Estudio Nunes & Asoc.