Proyecto de normas crypto a mitad de camino

Por 2 agosto, 2022 No Comments

Si bien parecía que Argentina tomaba la delantera en materia de regulación crypto con dos Proyectos de Ley de partidos opuestos en octubre de 2020, fue un espasmo que perdió impulso con el pasar del tiempo en la agenda legislativa. Lamentablemente, pese a ser uno de los países con mayor adopción de criptoactivos y una constante observación y preocupación de entes reguladores y del fisco sobre el tema, sigue sin avanzarse en un proyecto de ley nacional consensuado que por lo menos dé una (o varias) definición legal sobre el tema.
Si bien el consenso sobre la necesidad de una regulación primigenia sigue existiendo, los disensos entre los proyectos redactados siguen estando ahí y no parece existir voluntad política para impulsarlos. Es probable que el único que efectivamente se presentó, pierda estado parlamentario en breve; el segundo ni siquiera ingresó a Comisión. Si bien existe un proyecto en desarrollo con mayores consensos (con la participación de empresas y las principales organizaciones en el tema del país), no se comunican avances significativos al respecto ni es un tema que se vea demasiado presente en la agenda política.
El hecho que el mercado de criptoactivos se encuentre en baja en lo que va del año, tampoco colabora en generar interés en generar estas normas. Esto se suma a una posible estrategia de esperar la evolución del tema en otros países para tener casos de implementación antes de tomar decisiones; de alguna forma esto sería saludable porque podría permitir “amalgamar” el sistema argentino al que definan las principales economías del mundo.
Más allá de los dos proyectos nacionales, que pueden consultarse en el artículo mencionado precedentemente, la idea del presente es hacer un pequeño relevamiento de otros proyectos (provinciales, locales o respecto a otras áreas de la economía) que aparecieron tras ese impulso inicial y podrían haber tenido efecto sobre la regulación de criptoactivos.

Catamarca, La Rioja y Córdoba

En julio de 2021, Ámbito cubría, además del caso de Misiones (que veremos a continuación), las iniciativas regulatorias en Catamarca, La Rioja y Córdoba. En el primer caso, se trata más de una voluntad política que otra cosa. El gobernador de Catamarca insta por un proyecto que regule los criptoactivos y se genere una moneda digital a nivel nacional.
La Rioja y Córdoba son las dos provincias argentinas que actualmente tienen un impuesto vigente específico para los criptoactivos. Al no tener una definición nacional de qué son las criptomonedas, se trata de un grave error de técnica legislativa. Pero, además, lo es a nivel estratégico.
Con las serias dificultades que existen para vincular a las criptomonedas y sus operaciones a un territorio, absolutamente todas las personas que realicen transacciones, las van a hacer fuera de sus jurisdicciones. Esto es particularmente relevante para proveedores de servicios cripto como las billeteras virtuales, ya que ninguna elegirá radicarse en estas provincias mientras exista otra que no cobre estos impuestos. De esta forma, pierden oportunidades de crear puestos de trabajo de altosingresos y fomentar sus hubs tecnológicos con empresas crypto (que sobre todo en Córdoba son muy fuertes).
También existen algunos municipios de Córdoba (Marcos Paz y Jesús María) que emitieron sus propios tokens como un experimento. Si bien los mismos funcionaron, su adopción no parece que vaya a salir de la población de estos lugares (por lo que parecen proyectos sin demasiado futuro o interoperabilidad).

Misiones y su token

En julio de 2021 varios medios (El Territorio, iProUp, iProfesional, La Nación) cubrieron la noticia de la provincia de Misiones aprobando la creación del Programa Misionero de Innovación Financiera con Tecnología Blockchain y Criptomoneda. Si bien el programa es un puntapié inicial (que por ahora no se materializa), prevé la creación de una moneda estable como método alternativo de financiación y pago. La paridad la mantendría contra el peso (por lo cual está atada a su depreciación) pero hay muchos interrogantes aún: su método de respaldo y colaterales, compatibilidad con distintas cadenas y dispositivos, gobernanza, centralización, seguridad informática, gestor de la moneda, emisión, etc.
En materia económica y financiera nuestro país ya tuvo en 2002 la experiencia de cada provincia sacando bonos en billetes como una pseudo-moneda por problemas económico y financieros graves y la experiencia (si bien era una de las pocas salidas) no fue la más feliz. Por otro lado, desde el punto de vista de la soberanía, las Provincias no pueden acuñar moneda. Como por su Naturaleza Jurídica los criptoactivos no lo son, no habría problema pero si cada provincia habilita un medio de pago propio con gran adopción, este principio constitucional puede considerarse afectado.
Respecto al proyecto, parecen mucho más interesantes los otros dos ejes que plantea. Por un lado, quiere implementar tecnología blockchain respecto a la información de la administración pública (como últimamente hizo Brasil) y por otro, desarrollar un Bono Verde de la Provincia (que probablemente esté respaldado por los servicios ambientales de las reservas naturales en territorio de la Provincia).
La innovación planteada desde esta provincia realmente es revolucionaria para lo que es el sector público latinoamericano, pero será importante saber los recursos que utilizarán para su desarrollo y ver hasta qué punto deciden implementar sus propuestas. Definitivamente, es una “competencia saludable” para que otras Provincias y municipios se muevan en este sentido.

Ley de blanqueo

Es uno de los proyectos que más cerca estuvo de ser ley y uno de los últimos en presentarse, por lo que tardará más en perder estado parlamentario. De todas formas, es poco probable que salga por la actual composición de la Cámara de Diputados. El Senado aprobó este proyecto en mayo de 2022 a instancias del oficialismo como una forma de “financiar” el acuerdo con el FMI. Al respecto, recomendamos esta nota de iProUp.
Más allá de ser un proyecto totalmente politizado, la idea que busca es generar un Fondo Especial para cancelar la deuda externa financiado con bienes hoy no declarados y que podrían ingresarse a declaraciones juradas especiales. Entre los bienes a blanquear, se agregan expresamente los criptoactivos (que siguen sin estar definidos ni siquiera en este proyecto, así como tampoco está totalmente claro qué impuestos les corresponde pagar ni la fórmula de cálculo de los mismos).
El gobierno está tras un mercado de US$ 70.000 millones que supuestamente existían en 2021 en poder de argentinos, de los cuales se presume que gran parte no se encuentra declarada ni está pagando impuestos actualmente. Claramente, tras la oportunidad de ingresar voluntariamente a este régimen, se iniciaría una política de fiscalización para detectar a quienes tuvieran estos bienes y no los declararon.
El proyecto no solo tiene un régimen de incentivos para quienes primero adhieran a este blanqueo, sino que además “premia” con descuentos impositivos a quienes denuncien a otros que tienen fondos no declarados. Esto traería un serio conflicto de interés para profesionales como abogados, contadores, exchanges y a cualquier otro asesor financiero y / o de negocios.

Conclusión

Pasado el boom del mercado, sería deseable volver a ver en la agenda legislativa interés real por regular los criptoactivos de forma ágil, que les permita operar sin mayores complicaciones, con seguridad jurídica y previniendo la comisión de delitos a través de los mismos. Desde el segundo semestre de 2021 lo poco que se ve tiene más que ver con una intención recaudatoria sin definiciones legales que buscar sentar las bases para el futuro desarrollo.
La tecnología aplicada a las finanzas tiene un potencial enorme y, en un país que ya ha logrado una adopción tan grande, las bases están sentadas para que estos activos puedan lograr una transformación positiva dando más y mejores oportunidades a la población en general. Además, un marco regulatorio claro con ciertos incentivos a la hora de radicar empresas del sector (como es el Régimen de Economía del Conocimiento), sumado a las condiciones actuales del mercado cripto argentino, podrían determinar la radicación y afianzamiento de grandes empresas internacionales del sector, además de permitir el crecimiento de nuevos proyectos locales.

Diego J. Nunes
Socio
Estudio Nunes & Asoc.