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Nuevo proyecto de reforma a la Ley de Lavado de Activos. Crypto bajo la mira y la postura de la ONG Bitcoin Argentina

Por 13 diciembre, 2022 No Comments

En consonancia con los artículos en los que ya analizamos distintos Proyectos de Ley provinciales y blanqueo truncos y Proyectos nacionales para regular criptoactivos, aparece un nuevo proyecto de regulación en línea con el acuerdo suscripto entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto, ya cubría iProUp la intención de la AFIP de trabajar en normativa en tal sentido. En este caso, se trata de la modificación de diversos puntos relacionados a la Ley de Prevención de Lavado de activos.

La CNV junto con la UIF y el gobierno en su conjunto presentaron a principio de diciembre su proyecto para reformar las normas que previenen el lavado de dinero con un claro foco en los criptoactivos. Como ya adelantamos desde este espacio hace aproximadamente dos años, la regulación crypto es una realidad que cada vez está más cerca y casos como los de FTX y LUNA solo aceleran el proceso y la necesidad de tener reglas claras.
Lamentablemente, las autoridades locales no aprendieron de los fallidos proyectos de leyes crypto y nuevamente desarrollaron un proyecto que no tiene consenso ni se citó para su desarrollo a los principales referentes del ecosistema. Un proyecto consensuado entre sector privado, ONGs y referentes que trabajan en el sector desde sus inicios, sería mucho más saludable para lograr una mejor aplicación y transparencia.
Sobre el proyecto de reforma que se encuentra en la Cámara de Diputados, la ONG Bitcoin Argentina solicitó modificaciones al considerar que “tendrá un efecto negativo sobre actividades libres, lícitas e inofensivas realizadas por muchísimas personas dentro de un sector pujante de la economía nacional, como lo es la industria cripto”. A través de una gacetilla de prensa, desde la organización sin fines de lucro remarcaron que, si bien “acompañan el impulso de las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los ajustes actuales en la reforma no contemplan las consecuencias negativas dentro de las particularidades que tiene la economía argentina”.
La ONG Bitcoin Argentina reclamó dos modificaciones sobre el proyecto de reforma que busca adaptar la normativa nacional a los estándares internacionales para la prevención de lavado de activos dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Primero, solicitó “excluir del universo de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) a las personas que realizan la actividad de intercambio de criptoactivos de forma individual o en la modalidad P2P (persona a persona), con liquidación en entidades financieras u otras entidades controladas por la UIF y obligadas a informar”.

En nuestro país se ha desarrollado una gran comunidad de individuos y microempresas que realizan servicios de intercambio de criptoactivos por dinero fiduciario y viceversa, o por otros criptoactivos, mediante operaciones denominadas P2P, o persona a persona. Quienes realizan estas operaciones pueden hacerlo como consumidores finales o como un servicio minorista, con márgenes entre los precios de compra y de venta. Son muy pequeños emprendedores, estudiantes, trabajadores o desempleados que realizan esta actividad como forma de obtener un ingreso complementario.
Desde la organización señalaron que “estas operaciones minoristas, de bajo importe, es impensable que puedan constituir una amenaza seria al lavado de activos y la financiación del terrorismo de acuerdo al estándar del ´enfoque basado en riesgos que promueve el GAFI”.

Más allá de la postura de la organización, el experto Juan Félix Marteau afirmó en Infobae que la sociedad merece que el Estado proteja con cambios institucionales sustantivos, no con reformas legales superficiales. El especialista en Prevención de Lavado de Activos se refirió a la nueva reforma como un proyecto mediocre en su alcance, ciertamente mal escrito, hecho para cumplir con exigencias internacionales abstractas y que, encima ahora, pretende ser usado como moneda de cambio para los supuestos acuerdos de intercambio de información fiscal. Además, mencionó: “no perdemos la costumbre de convertir a los temas estratégicos como es la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos en un asuntito menor que mezcla nuestra inconsistencia en política exterior con el desinterés o la apatía de enfrentar decididamente a las empresas criminales que operan en la Argentina y la región”.

De acuerdo con su perspectiva, el proyecto requiere mejoras. Al respecto dijo “Nuestros legisladores deben legislar de acuerdo a los intereses concretos de nuestra Nación” y agregó que ello supone crear instrumentos capaces de proveer paz y seguridad a nuestra sociedad. Reconstruir los servicios de inteligencia (destrozados), el sistema de seguridad (en estado de coma), el sistema de defensa (desafectado) y el sistema de justicia penal (colapsado). Tenemos que pensar juntos todos sin grietas ideológicas cómo avanzamos en este punto. También tenemos que trabajar en crear un sistema económico y financiero más sano, orientado a la inclusión de la enorme porción social excluida. En este marco, tenemos que usar las nuevas tecnologías para subir a todo el mundo en las transacciones financieras (con las billeteras virtuales, etc.), pero debemos reformar completamente la lógica tradicional del control de operaciones que no aplica.

Si bien son fuertes las opiniones del colega, debemos adherir al concepto de ambos. Se trata de un proyecto vago, con errores técnicos y que busca perseguir la menor parte del gran problema que implica el lavado de dinero. De prosperar, traería consecuencias muy negativas para usuarios minoristas, sin atacar al grueso de la problemática (que hoy en día sigue moviéndose por fuera del ecosistema crypto.