Continuando con la postura de la desregulación de la economía, el gobierno continúa reduciendo los controles sobre las empresas privadas. El Cambio de Política que anticipábamos desde este espacio comenzó a extenderse más allá de la Inspección General de Justicia, que recordemos amplió el plazo máximo de sociedades, permitió entidades de objeto múltiple, simplificó la transcripción de actas, simplificó trámites para las SAS (ver también este artículo), flexibilizó el régimen de inscripción de sociedades off-shore, facilitó la gestión de sociedades argentinas desde el extranjero, entre otras. Como contrapartida se aumentaron los controles sobre sociedades off-shore y / o con negocios con países en posibles listas negras, y se aumentó el capital social mínimo para sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
En la línea mencionada al principio de este artículo, el Ministerio de Justicia ha emitido la Resolución 10/2024 que establece el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas se verán sujetas a fiscalización estatal permanente, de acuerdo con la previsión del inciso 2º) del artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias. Recordemos que la fiscalización obligatoria implica una serie de gastos operativos y procedimientos de control a aplicar en las empresas que representan un costo y una carga muy pesada, sobre todo para una PyME.
La resolución, publicada el 6 de febrero de 2024, fija el capital social en PESOS DOS MIL MILLONES ($ 2.000.000.000). La Inspección General de Justicia ha determinado que el monto anterior de PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) de capital social era insuficiente para cumplir con las exigencias funcionales más estrictas y una fiscalización estatal permanente.
